Astillero – por Julio Hernández (@julioastillero) – 12/ago/2016

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¨LA PGR AÚN NO LOGRA ENTRAR A NOCHIXTLÁN¨. Casi dos meses después del desalojo violento en Nochixtlán, Oaxaca, que dejó ocho muertos y más de 200 heridos, la PGR no ha podido entrar a la localidad, dijo ayer en el Senado el subprocurador Gilberto Higuera Bernal, durante la reunión con la comisión de seguimiento de los hechos, encabezada por la procuradora Arely Gómez. A la derecha de la imagen la acompañan las legisladoras Mariana Gómez del Campo y Mariana Benítez Tiburcio. Foto Guillermo Sologuren
Julio Hernández, autor de la columna Astillero, en La jornada; director de La jornada San Luis.
  • Duarte de Ochoa, ¿apestado político?
  • EPN impone distancia
  • Ni siquiera en las fotos
  • 3 de 3: PRI contra AMLO
Así sea en el plano gráfico, Enrique Peña Nieto ha tomado distancia del gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Lo hace cuando faltan pocos meses para que ese político tan impugnado entregue el mando (lo hará el primero de diciembre venidero), en medio de una incesante guerra de lodo entre el mencionado priísta (JDO), electoralmente derrotado en las pasadas elecciones estatales, y el sucesor, Miguel Ángel Yunes Linares, panista poseedor de similares cartas oscuras.

Los coleccionistas de detalles pueden regodearse en lo sucedido ayer en el puerto de Veracruz, adonde el ocupante de Los Pinos viajó para presidir la ceremonia de graduación de egresados de la generación 2011-2016 de la Heroica Escuela Naval Militar. Un acto de relevancia para las filas castrenses, con preferencia para los altos mandos del Ejército y la Marina, pero siempre con la presencia cuidada y cercana del gobernador en turno. Salvo en esta ocasión, en que Duarte de Ochoa fue exhibido, en su propia tierra, como lejano al centro de poder federal, diríase en el lenguaje político coloquial, como un apestado.

No sólo fue la métrica especialmente diseñada para que Duarte de Ochoa no apareciera al lado de Peña Nieto en el estrado de la ceremonia mencionada (fue colocado a cuatro lugares del mexiquense). Tampoco se le permitió recibir y despedir al visitante al pie de la escalera del avión oficial. Ni le acompañó en el paseíllo de salutaciones al final del acto en mención. Frialdad en el trato, como mensaje político muy pocas veces (¿nunca?) visto entre miembros de un mismo partido que ejercen cargos ejecutivos, uno en el plano federal y otro en el estatal.

Y un testimonio fotográfico de ausencia: en la galería de imágenes que puede verse en el sitio oficial www.presidencia.gob.mx (http://goo.gl/IEFzQG) no aparece en ninguna ocasión el gobernador del estado de Veracruz. Las panorámicas del estrado fueron tomadas o recortadas de tal manera que sólo en una ocasión se alcanza a percibir una porción pequeña del tramo abdominal de la camisa correspondiente a Duarte de Ochoa. En todos los demás casos, el recorrido amplio del lente se detuvo (o luego fue recortado) exactamente al llegar a una mujer de vestido azul, Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, quien fue colocada a tres lugares de Peña Nieto, desplazando al cuarto al gobernador Duarte, a quien, por cierto, Luis Videgaray no mencionó al inicio de su discurso.

Esa repelencia a los factores estatales dañinos a la popularidad de un político con cargo gubernamental federal se produjo el mismo día en que la encuesta de un diario capitalino mostraba a Peña Nieto con calificaciones absolutamente reprobatorias: en una escala del 1 al 10, el mexiquense obtuvo 3.9 entre los ciudadanos en general y 3.2 entre líderes. No es el único ejercicio de opinión pública que registra tales valoraciones negativas para quien rendirá en semanas su cuarto informe de labores. Y, aun cuando no hubiera esos trabajos de demoscopía, tan susceptibles de fundada desconfianza, sobre todo en las mediciones de corte electoral, se palpa en el ambiente una evaluación de negativa a muy negativa respecto a lo que hacen el ex gobernador del estado de México, su esposa, los miembros de su gabinete y personajes allegados a ese círculo de poder.

Pero las evidencias de desajustes o enojos entre integrantes de un mismo equipo (Duarte de Ochoa fue un abierto promotor de la candidatura presidencial de Peña Nieto y antes de las elecciones de junio pasado había una relación casi de complicidad) pueden quedar en el plano anecdótico, e incluso de la simulación necesaria, si Los Pinos no ejerce, propicia o permite que haya acciones judiciales en serio contra ese antiguo aliado.

“La declaración 3 de 3 de López Obrador lo describe perfectamente: es un mentiroso que no cree en la transparencia (…) Esa vida donde no gasta, no gana, no renta y no es dueño de nada, no la tiene ni Obama”, sentenció Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI que, sin embargo, no presentó ninguna prueba que contradiga lo reportado oficialmente por el dirigente nacional de Morena, quien ha planteado que lo que tenía ya lo repartió a sus hijos, y en cuya declaración incluyó propiedades correspondientes a su esposa.

Esencialmente, AMLO informó que a lo largo del año pasado tuvo ingresos netos por 600 mil pesos, correspondientes a sueldos, honorarios, compensaciones y bonos, y que su esposa tuvo ingresos netos por 570 mil pesos. Dado que se está frente a declaraciones formales, respecto a patrimonio, intereses y lo fiscal, el dirigente priísta Ochoa Reza tiene una notable oportunidad de acompañar con pruebas los señalamientos de que el testimonio del tabasqueño es una farsa. Es de suponerse que el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco), al que son enviadas esas declaraciones, y Transparencia Mexicana, que las revisa, agradecerán la oportuna puntualización de irregularidades y mentiras si es que las hay en los datos y números presentados por el líder opositor.

En cambio, el ex director de la Comisión Federal de Electricidad consignó, en su respectiva declaración 3 de 3, un patrimonio de 38.8 millones de pesos, con casi 20 de ellos en propiedades inmobiliarias, nueve en activos intangibles y 50 automóviles en cuya compra invirtió más de 4 millones de pesos, supuestamente destinados a Uber o a servicios de taxi. La dirigente del PRD, Alejandra Barrales Magdaleno, tiene 24 millones de pesos en inmuebles: su casa en la Ciudad de México la valuó en 13.3 millones de pesos, y un departamento en Acapulco, en 8 millones de pesos; además, es accionista de la empresa de transportes Albama, y en 2013 se compró un Mercedes Benz al contado. Por su parte, el presidente del PAN, Ricardo Anaya, sólo cuenta con 4.6 millones de pesos en bienes, de los cuales 4.2 corresponden a su casa, producto de una donación; una camioneta que costó 210 mil pesos, y menaje de casa. ¡Hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

Fuente: La Jornada

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