Los sofismas del Poder (Per)judicial contra la Ley de la Industria Eléctrica
Patricia Barba Ávila
“Cuatro características corresponden al juez: Escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente.” Sócrates
En una interesante mesa de análisis promovida por Rompeviento con la participación del experto Federico Anaya en relación con la decisión del juez II de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, Juan Pablo Gómez Fierro de otorgar el amparo promovido por Parque Solar Orejana y Eoliatec del Pacífico, dos empresas privadas supuestamente “preocupadas por el medio ambiente”, llama la atención uno de los comentarios emitidos por el abogado Anaya en el sentido de que: “el gobierno tiene que demostrar que con la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) se busca beneficiar el interés de la nación y no sólo basarse en “lo dijo el Presidente, o la Secretaria de Energía, etc”. Aquí es necesario puntualizar que lo que pasa por alto este abogado es que no son los dichos del Presidente o cualquier otro funcionario los que fundamentan la imprescindible e impostergable necesidad de la entrada en vigor de la LIE promovida por nuestro primer mandatario, sino que son los hechos concretos de la realidad ineludible los que sustentan la obligación de echar atrás la Reforma Energética aprobada bajo la corruptérrima administración de Peña Nieto y que indiscutiblemente generó un quebranto inconmensurable al patrimonio nacional y la calidad de vida de millones de personas.
En sustento de lo anterior, si nos remitimos a nuestra Constitución, pero la original de 1917, específicamente al Art. 27, veremos que es muy clara en cuanto a dejar el manejo del patrimonio nacional, en este caso la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (PEMEX) al Estado, entendiéndose éste como el pacto social entre el gobierno y la sociedad, siendo el primero un empleado de la segunda que es, de acuerdo con nuestra ley primera y fundamental, la dueña de los recursos existentes en territorio mexicano y, por lo tanto, su manejo no debe tener ninguna injerencia de empresas creadas para el lucro ya sea en forma de “concesiones” u otro tipo de contratos que lo que han hecho es causar la casi desaparición de estos dos grandes pilares del desarrollo nacional y garantes del bienestar de sus propietarios, los ciudadanos.
El brutal y sostenido deterioro de la economía que se viene arrastrando desde la década de los 80 en que se aplicó el régimen neoliberal, violatorio de nuestra Ley Constitucional, demuestra, sin lugar a dudas, el absurdo monumental de que una empresa propiedad de la Nación, entendiéndola fundamentalmente como el conjunto de ciudadanos que habitan el territorio nacional, tenga que invertir los dineros de los contribuyentes, muchos de ellos en verdadera situación de pobreza, para subsidiar multimillonarias empresas privadas transnacionales cuyo único propósito es el de obtener ganancias y, como consecuencia, generar precios elevados de los combustibles en detrimento evidente del bienestar de millones de mexicanos. En este tenor, lo que habría hecho un juez que genuinamente respete el espíritu de la ley que consiste en la consecución de la justicia es, en primer lugar, tomar en cuenta que la Comisión Federal de Electricidad, a diferencia de las compañías privadas, no es una empresa para el lucro sino para garantizar la protección y el bienestar de más de 127 millones de seres humanos; en segundo lugar, dicho magistrado tenía el imperativo ético de preguntar a dichas empresas transnacionales privadas si ellas estarían dispuestas a dar preferencia a sus competidores, sacrificar su propia producción y, además, subsidiarlos…la respuesta es un contundente “no” y en este sentido no habría duda de que contrario a lo que adujo el juez que otorgó el amparo, que además hizo extensivo a otras transnacionales, al afirmar que se trata de “proteger la libre competencia”, lo que promueve la Reforma Energética peñista es totalmente lo contrario a la libre competencia en beneficio exclusivo del sector privado.
Otro de los sofismas argumentados por el juez Gómez Fierro es su preocupación por el medio ambiente al conceder el amparo a empresas que generan energías limpias pasando por alto, ya sea por corrupción o por ignorancia, que la CFE produce mucha más energía no contaminante que las privadas. Es decir, por donde se la vea, la decisión de este “servidor público” (SIC) es absolutamente injustificada e indefendible y es no sólo la obligación del Presidente que cumpliendo con la promesa que hizo a los mexicanos está protegiendo el patrimonio de todos, no sólo envió una carta al Presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura que, dicho sea de paso, no es la instancia que garantizará un comportamiento ético y apegado a la Constitución por parte de ese poder que históricamente se ha comportado de manera traicionera e inmoral hacia el interés del pueblo de México. Dijo nuestro Primer Mandatario que en caso de que la LIE promovida por él sea considerada anticonstitucional, entonces promoverá una iniciativa para modificar la propia ley constitucional y así garantizar la protección del patrimonio nacional y el bienestar de todos los ciudadanos.
Lo que nos toca a nosotros, la sociedad, como parte del Estado, es cumplir con nuestro deber y promover un debate urgente que desemboque tanto en una actuación ética y responsable del Poder Judicial como en una fundamental modificación del andamiaje jurídico que hasta ahora ha prevalecido en nuestro país y que para nada ha promovido la justicia.